La
calidad en la educación es el problema más importante en Colombia, y es el gran
punto de quiebre entre la escuela pública y la privada, puesto que aunque la
educación ofrecida por el estado es gratuita, en la gran mayoría de las
instituciones no se le ofrece una educación idónea al estudiante, por ello es
innegable la necesidad de emprender una profunda transformación en el sector
educativo que conduzca a producir verdaderos cambios en las estrategias
organizativas, en las intenciones y valores inmersos en las prácticas pedagógicas.
En las últimas décadas, las
interpretaciones sobre la desigualdad en la educación han pasado de un enfoque
unidimensional más determinista a una visión multidimensional e interactiva.
Está ampliamente constatado que las diferencias sociales y culturales de los
alumnos condicionan su progreso educativo y los resultados que obtienen. El riesgo
de fracaso y el bajo nivel escolar, están estrechamente
relacionados con la desventaja social: pobreza, pertenencia a una minoría
étnica, tipo de escuela, lugar geográfico en el que viven y falta de apoyo
social. Pero no existe una correspondencia estricta entre las desigualdades
sociales y las desigualdades educativas. Hay otros factores, como la familia,
el funcionamiento del sistema educativo y la propia escuela que pueden
incrementar o disminuir estas desigualdades.
El ambiente de la familia y su
compromiso con la escuela tienen una indudable repercusión en el progreso
educativo de los alumnos. Los recursos familiares, su nivel de estudios, los
hábitos de trabajo, la orientación y el apoyo académico, las actividades
culturales que se realizan, los libros que se leen, la estimulación para
explorar y discutir ideas y acontecimientos y las expectativas sobre el nivel
de estudios que pueden alcanzar los hijos, son factores que tienen una
influencia muy importante en la educación de los alumnos. Sin embargo, lo más
importante no es describir estas relaciones genéricas entre el contexto social
y el familiar, sino analizar qué tipo de relaciones se establece entre las
configuraciones familiares singulares y el universo escolar. Desde esta perspectiva, lo importante no es el
capital cultural que se posee sino cómo se transmite. Un capital cultural
enriquecido puede tener escasa incidencia en el progreso educativo de los
hijos. Por el contrario, los padres con escaso capital escolar pueden tener una
mayor influencia por el tipo de relaciones que mantienen con sus hijos y por la
búsqueda constante de experiencias que les enriquezcan, lo que contribuye a que
sus resultados educativos sean positivos.
El verdadero
problema de calidad en la educación
pública tiene dos causas: el fomento de la mediocridad por parte del estado y
la falta de apoyo al docente.
El
estado, en su afán de dar cobertura y gastar poco dinero en educación, creó el decreto
230 de 2002, que trajo como consecuencia que los docentes y el consejo
académico de las instituciones educativas no pudieran rajar más del 5% de
los estudiantes (art. 9), como ejemplo se toma un curso de 30 estudiantes había uno que perdía 12 materias, otro 11 y
un último 10, sólo podía perder el de 12 asignaturas. Esto trajo como
consecuencia que muchos jóvenes pasaran todo su colegio sin perder el año, no
gracias a sus conocimientos sino a que siempre hubo alguien peor que ellos.
Cuando
un estudiante de este tipo sale del colegio, no puede hacer nada porque su
ICFES es muy malo, y esto no le permite ingresar a la educación superior,
o la militar en algunos casos. Este pésimo resultado en el examen se da porque
el estudiante no puede leer bien, no sabe álgebra, trigonometría y
cálculo, no aprendió sobre ciencias y, aunque el colegio le quiso exigir, la
ley no lo permitió. Aunque esta norma “murió” por el decreto 1290 de 2009,
generaciones completas quedaron marcadas por sus nefastos efectos. Esto se
ejemplifica en que los docentes y el estado prevén que la “mortandad” de
los estudiantes con respecto a su año electivo aumentará considerablemente
en los próximos años, ya que el estudiante no tenía necesidad de esforzarse
antes del 2010 para aprobar el año, y viene acostumbrado a un ritmo de
mediocridad.
Otro
problema es la falta de apoyo del estado hacía el docente que, por razones de
presupuesto, limitaciones burocráticas y falta de estímulos, no se esfuerza por
ofrecer más allá de lo que dice el libro y obliga la ley. En este caso prima el
principio de legalidad para empleados públicos, que ha sido desarrollado muy
fuertemente en la legislación educativa, afirmando que el funcionario público solo debe hacer
lo que dice la ley sin extralimitarse, es el pan de cada día en la
educación pública, puesto que si el docente hace un proyecto, y si hay quejas
por parte del padre de familia o de un estudiante hacía éste, le generará
proceso disciplinario el cual le va a marcar su hoja de vida y, en el peor de
los casos, puede perder su puesto como funcionario del estado, aunque esas
quejas sean injustas, producto de la ignorancia, o que si ocurrió un percance,
que éste sea menor o un caso fortuito.
En
consecuencia el maestro por temor a un proceso disciplinario se limita solo a
hacer lo que la ley dice que se haga estrictamente, y aunque el docente tenga
muy buenas ideas prefiere no utilizarlas por temor a perder su puesto. Se
le debe dar una mayor autonomía al docente tanto a nivel de clase como a nivel
investigativo, para poder superar el problema de la calidad, y también debe
existir una mayor inversión por parte del estado para que el docente genere
investigación al lado del estudiante, y el maestro vea recompensada su labor.
Considero que la educación de calidad es un derecho de todos y no de unos pocos
y que el estado no debe limitarlo en el momento de establecer sus prioridades.
